El BNA es el principal acreedor de la agroexportadora, que acumula deudas superiores a los u$s1.600 millones.
El planteo de la banca estatal es el de evitar «el fraude» y la «extranjerización de los activos».
En los próximos días el tribunal provincial deberá terminar de decidir si absorberá el concurso, pero el solo hecho de haber intervenido en él y desplazado al juez Lorenzini marca un nuevo rumbo en lo que sería el futuro de la agroexportadora.
Es que hasta el momento el único plan de salvataje vino de la mano de la firma agroexportadora multinacional Viterra, quien se asoció con la también extranjera Bunge y la local ACA para intentar tomar el control de Vicentin con un desembolso de dinero menor y luego de que el directorio de la compañía ofrezca una quita de deuda al Banco Nación de nada menos que el 80%.
Concretamente, la agroexportadora realizó una propuesta de pago con una fuerte quita de la deuda contraída, no solo del Banco Nación, y el ingreso como “inversores estratégicos” de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (ex Glencore) y Bunge Argentina, que reemplazó a Molinos Agro, cuando la firma decidió dejar de participar del proceso.
“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80% en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, subrayó días atrás el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker. Por último, el funcionario recordó que el banco “manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.
En la misma línea, la semana pasada, uno de los principales acreedores granarios del concurso de Vicentin, el titular de la firma Commodities SA, Mariano Grassi, afirmó que “es muy difícil» que la empresa «siga trabajando sin que el Estado acompañe”.
El acreedor de la agroexportadora aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalización de su deuda y teniendo una participación accionaria», como tiene en otras firmas privadas.
El planteo de Grassi va en la misma línea de la que realizó días atrás el presidente Alberto Fernández, quien dijo que el cramdown ofrece “una posibilidad” para que el Estado tenga “una empresa testigo que ordene el mercado” agroexportador y de producción de alimentos.
